Agenda Pública A.P.
El informe sobre violación de los derechos humanos durante la protesta social existente en Colombia. 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual, 3 víctimas de violencia basada en género.
PRIMERAS LINEAS EN BOGOTÀ
Primera línea Prensa
La historia; le preguntaron a tres hombres qué estaban haciendo. Si bien los tres estaban haciendo la misma tarea, el primero respondió “estoy colocando un ladrillo arriba del otro”, el segundo; “estoy levantando una pared”, y el tercero: “estoy construyendo una escuela para el pueblo”.
Esta potente frase; nos sirve para ilustrar lo que representan las primeras líneas de la protesta a dos meses de la “Primavera Colombia” en Bogotá; la del Portal de la Resistencia en Kennedy, Soacha Autopista del sur con 25, calle 80 Los Héroes, en Cali, Popayán, Ibagué, en todo el país, ahí donde cientos, miles de personas, a diario, se concentran y dan curso a asambleas de trabajo, audiencias públicas, o como en el caso de Soacha que acompaña el Centro de Investigaciones en comunicaciones para Iberoamérica CICI, la Defensora de Derechos Humanos politóloga Lilia Solano en representación del Consejo nacional de paz del Congreso de la Republica de Colombia, la comisión de la iglesia Católica de Bogotá en Soacha, la veeduría ciudadana, prensa internacional por el director de Clúster televisión prensa internacional, representantes jóvenes, lideres representantes de la Consejo Nacional Indígena CRIC, por supuesto los representantes todos de la Primera línea Soacha, quienes conforman la comisión de entrega de un infiltrado de la policía nacional de Colombia, DIJIN Dirección de Investigación Criminal, que fue capturado por la primera línea de Soacha, al adverse infiltrado tomando fotos y registro de asistentes de la movilización social en la autopista sur con 25, allí fue indagado por los jóvenes sobre lo que estaba haciendo, y quien declaro ante los medios de comunicación y periodistas; que el efectivamente hacia inteligencia por órdenes de sus superiores de la policía nacional y la SIJIN, se le encontró material de guerra, proveedores de balas, treinta municiones para pistola, armas corto pulsantes, una moto donde se movilizaba y merodeaba las marchas, así mismo se informó por la primera línea en rueda de prensa, que había otro infiltrado en un vehículo que les amenazo con revolver si se le acercaban y huyo.
La primera línea de Soacha retuvo al policía en mención de la SIGIN, y pidió una comisión para formalizar su entrega y la correspondiente denuncia ante las entidades citadas; así como ante la policía de Soacha. Desde la una de la tarde a las cinco pm del día domingo 20 junio del 2.021 la comisión delegataria de la protección de Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la CRIC a veeduría, ante medios y periodistas internacionales, gestionaron una mesa de dialogo entre los jóvenes de Soacha y la policía nacional, representantes que conjunta mente con la veeduría municipal de Soacha, salvaguardaron la integridad de los jóvenes, se efectuó el enlace con la policía nacional en Soacha, para la entrega del infiltrado, se inventario sus objetos de guerra, vehículo moto y pertenencias se deja constancia de la declaración ante los medios de su responsabilidad en los hechos y su declaración como responsable de los mismos.
Los jóvenes de la primera línea de Soacha reclaman y demanda acciones precisas del estado colombiano de la gobernación de Cundinamarca, de la alcaldía municipal de Soacha en atender sus demandas en calidad de vida, vivienda digna, educación de calidad a nivel secundaria, técnica, profesional, desarrollo de campos de trabajo, profundización de la calidad en la atención sanitaria ante el Coronavirus, servicios de salud con acceso y atención para toda la comunidad, niñez, jóvenes, adulos mayores y familia; la creación de una mesa permanente de seguimiento a las demandas, y el perfeccionamiento de las acciones descritas en el plan de desarrollo nacional, departamental municipal.
Una crítica situación en la movilidad, este municipio al igual que la localidad de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén a la altura de la calle 80, calle 72, Chapinero, Avenida Jiménez con calle 13, Usme portal sur, Tunal, Américas, es cotidiano el aglutinamiento incesante de ciudadanos, apretujados como puedan, a fin de acceder al servicio de transporte Transmilenio, Trasmi, como es denominado. Todas estos sectores sociales, de las localidades de Techotiva – Kennedy, Puente Aranda, Soacha, San mateo, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, transitan en medio del caos, el desorden vial, la contaminación ambiental, la proliferación de hurtos, atracos, robos, asesinatos, insalubridad de habitantes de calle; que desprovistos de atención pública del estado, hacen de los vehículos y calles su lugar de habitación y vida cotidiana. El sistema de transporte desde hace décadas afronta, antes con buses viejos y chatarrosos, con vías destrozadas, a hora con un embotellamiento vehicular monumental, con un sistema mutimodal a cuenta gotas, el modelo de las troncales que pauperizo la calidad de vida de los sectores sociales de la caracas, y que se profundizo con el transmilenio, una vía publica privatizada, que le traslada el mayor porcentaje de sus gastos, perdidas y los costos a la ciudad siendo una entidad privada, y que no responde a las demandas de los usuarios, que se han quedado cortos ante la demanda de un servicio in humano, solo para tomar como referencia un “botón” como se suele decir en el argot social, el sistema convoca una demanda de uso diario de más de dos millones trecientos un mil cuatrocientos treinta y nueve personas día. A ello se suma un diagnostico tan caótico y sin respuesta, 45% del total de los ciudadanos se moviliza en trasporte masivo: 39% en Transmilenio y 6% en SITP de una población total de quince millones de colombianos en Bogotá su capital. En transporte público colectivo lo hace el 26%, en taxi el 3%, a pie 7% y en bicicleta 6%. De una población de habitación de siete millones setecientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco de un total de quince millones con los que transitan a diario de Cundinamarca y el resto del país.
Los registros de reportera gráfica, periodístico son real mente aterradoras, verdaderos atolladeros de personas se empujan para poder llenar como empacadas en latas rojas de personas en cada articulado, que no da abasto. Esta suma de razones, una tras otra, por décadas, se acumulan como una represa social y que hoy tiene su grieta al borde del caos social.
Ahí de pie, se dan cita a diario cientos, miles de jóvenes en el “Portal de la Resistencia”, Citando las fuentes del distrito, el registro nacional da cuenta que para el año 2020, en Colombia se estimaba una población de diez millones novecientos noventa mil doscientos sesenta y ocho jóvenes de 14 a 26 años, que representan el 21,8% de la población total, cinco millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos tres, son hombres y cinco millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta cinco mujeres. En la metrópoli de cemento hay 1’282.980, el 25 por ciento están entre los 20 y 39 años (419.000 personas), lo que se acomoda al promedio de edad en la capital, que ronda por encima de los 30 años; la localidad de Kennedy con un millón sesenta mil dieciséis, de estos el (48,8%) son hombres y (51,2%) son mujeres. En la administración de la paz de Juan Manual Santos se jalono la creación del ministerio de la juventud, las políticas públicas desde Colombia joven a nivel nacional, en el distrito la administración de la Bogotá Humana con goles en paz y la profundización de la participación juvenil lograron importantes avances; se consolido el sistema nacional de juventud en un conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos, que diera operatividad a la Ley y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la Sociedad Civil, la Familia, las Entidades Públicas, Privadas, Mixtas, y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento de los derechos de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable.
Ante la crisis se proyectan veinte mil cupos universitarios que esperan se habrán y que beneficiará a ciento treinta cuatro mil jóvenes y mujeres con programas de formación, incluidos los que hacen parte del convenio del distrito con el SENA, los jóvenes que hacen parte de Reto a la U y de Matrícula Cero con la Universidad Distrital. El presupuesto total del paquete educativo es de cuatrocientos millones de pesos para todo el cuatrienio.
Esta apuesta educativa contempla una serie de herramientas para garantizar el acceso y permanencia en la Educación Superior de forma gratuita a ocho mil bachilleres egresados de colegios públicos y privados de la ciudad menores de veintiocho años o a quienes se encuentren viviendo en la capital por mínimo dos años antes del inicio de la convocatoria.
La historia ha marcado una lectura poco positiva para los jóvenes; educación de mala calidad, baja competitividad, desprovista de visión histórica, de contexto cultural de identidad nacional de contexto en la memoria histórica, del patrimonio, la Bio diversidad, potencia mundial, rotura con las miradas contemporáneas, formación política democrática inexistente, la cascada insoportable de créditos inaccesibles, impagables, insostenibles, capacidad financiera limitadísima que afecta directa mente a todas las familias de la Colombia profunda con endeudamiento sofocante, insostenibilidad económica, precariedad de la viada publica en acceso a la cultura, el deporte, la salud integrar, una nula calidad de vida, sus únicas salidas están dadas por lo que sobrevivan en los semáforos, en las esquinas, el moto taxismo, venta de dulces, en las calles más céntricas abarrotadas de jóvenes vendiendo objetos inservibles, como este medio bien registrándolo por tres décadas, al mejor estilo del esclavismo urbano, y ultima mente en ventas ambulantes.
Con el acumulado de información de videos más de cincuenta en redes sociales, información de las organizaciones sociales no gubernamentales, de entidades del estado, de organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH hizo presencia en Colombia, frente a los cientos de denuncias por violación a los derechos humanos por parte de la policía, hoy con registros constatados de sesenta y ocho muertos desde el inicio de las protestas, 34 en medio de las protestas a manos de la policía, la policía asesino a no menos de 16 manifestantes, una por golpizas, tres por inhalación de gases lacrimógenos o aturdidoras.
Informe de Temblores ONG e Indepaz a la CIDH sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia en el marco de las protestas realizadas entre el 28 de abril y el 12 de mayo de 2021.
Algunos estándares fijados por la Corte IDH sobre el alcance del derecho a la protesta, el uso de la fuerza estatal en el marco de las protestas; las obligaciones estatales previas, concomitantes y posteriores para prevenir y sancionar privaciones arbitrarias a los derechos a la vida, integridad física, acceso a la justicia y la protesta misma. Finalmente, se presentan acciones y omisiones del Estado colombiano en el cumplimiento de estos estándares; se hacen algunas recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las demandas de la población se relacionan con temas como: salud, educación, paz, violencia policial y ambiente. Las protestas se han prolongado hasta la fecha, en algunos casos convocadas por el Comité del Paro, en otras de manera espontánea por la ciudadanía.
El 1 de mayo, el gobierno acudió a la figura de “asistencia militar” para controlar centros urbanos. El 2 de mayo, el Presidente le solicitó al Congreso de la República retirar el proyecto de la Reforma Tributaria. Sin embargo, las manifestaciones han continuado, y se han sumado nuevos actores al paro, los transportadores que han protestado en varias vías del país, algunas principales. El gobierno ha anunciado que estaría evaluando la posibilidad de decretar el Estado de Conmoción Interior1. El día 10 de mayo el Presidente de la República Iván Duque, después de 13 días de paro, se reunió con el comité del paro, el representante de Colombia ante la ONU, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, entre otros actores políticos, con el fin de diseñar acuerdos y consensos en beneficio de los colombianos. No obstante, en esta reunión no se logró un acuerdo y tras su finalización se convocó a más manifestaciones, además de haber dejado fuera de la conversación a otros sectores como los sindicales, indígenas, juveniles, de transportadores y otros que se han expresado en estas movilizaciones. Desde el inicio del paro hasta la fecha, diversas organizaciones de la sociedad civil han registrado hechos de violencia policial en diferentes lugares del país. El número de víctimas de homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales y desaparición forzada, entre otros, aumenta de manera alarmante conforme pasan los días de movilización. La ciudadanía ha registrado de manera directa hechos cometidos por la fuerza pública en redes sociales por medio de videos, comunicados, reportes y anuncios que muestran altos niveles de violencia contra la población civil y uso de armas de impacto desproporcionado.
Temblores ONG, a través de la plataforma GRITA, e han registrado hechos de violencia policial, presuntos homicidios y agresiones a la integridad personal en cifras alarmantes. La plataforma GRITA está diseñada para facilitar la denuncia de violencias policiales, que alienta a grabarlas, registrarlas, triangular la información y asistir a las víctimas. Con gran preocupación, se reporta que, entre las las 6:00 AM del 28 de abril y las 11:30 PM del 12 de mayo del 2021, a nivel nacional ocurrieron, al menos, 2.110 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin contar casos de desapariciones), dentro de los cuales fue posible identificar: 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual, 3 víctimas de violencia basada en género Los reportes que llegan a Temblores ONG y a Indepaz muestran además patrones de actuación de la fuerza pública que se resumen de la siguiente manera; El uso indiscriminado de armas de fuego en contra de las y los manifestantes por parte de la fuerza pública.
El uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen sus derechos fundamentales.
La imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la Policía Nacional a cambio de su libertad.
El lanzamiento de gases lacrimógenos a las viviendas.
Allanamientos sin orden judicial.
El uso de armamentos en contra de los cuerpos y caras de las y los manifestantes para dispersar protestas pacíficas.
El uso de la figura del traslado por protección para conducir a las y los manifestantes a estaciones de policía en las cuales no hay presencia del Ministerio Público.
Prácticas de tortura dentro de guarniciones militares y centros de detención.
La presencia de agentes de la fuerza pública sin identificación o vestidos de civil en las protestas.
Cortes del servicio de luz y ráfagas de disparos.
Censura en las redes sociales.
El uso de armas como el lanzador de proyectiles múltiples “VENOM” desde el suelo y de forma horizontal. La cual ha sido catalogada como un arma que no cuenta con la precisión y
al utilizarla de esta forma en manifestaciones se convierte en un arma de alta peligrosidad Nuestra organización se encuentra cotejando información sobre otras 7 denuncias de violencia homicida en donde posiblemente agentes de la fuerza pública estuvieron involucradas en el hecho victimizante. Como se verá en los siguientes puntos, Temblores ONG e Indepaz denuncian que en Colombia el Estado incumple, por medio de sus distintas instituciones, algunos estándares básicos fijados por la Corte Interamericana con relación a la garantía de los derechos fundamentales en el marco de las protestas.
Los trabajo, en su mayoría más de un 70% informales, no cuentan con los estándares mundiales laborales de la Organización mundial del trabajo OIT, por lo tanto, las medidas laborales que se implementan solo impactan a seis millones de personas, la economía real de las calles, la pequeñas empresas unipersonales, las pyme, la de los espacios públicos, ventas ambulantes, crecen como como el descontento social.
Alternativas académicas como Convergencia Colombia de la Universidad Nacional de Colombia en perspectiva de una sociedad en el proyecto científico, cultural, social y colectivo de nación, aportan a una salida de país.
Por: Fernando Ballesteros Valencia
Periodista Comunicador Social Investigador
Clustertv.net Prensa