Álvaro Leyva Durán abogado, político, defensor de derechos humanos y diplomático colombiano.

• El canciller  Álvaro Leyva  se negó a darle vía libre al contrato, a pesar de que ya se había adjudicado, y en consecuencia la Procuraduría lo suspendió del cargo por tres meses.
• Thomas Greg and Sons desistió de demanda de más de $100.000 millones contra el Estado colombiano por pasaportes
• La disputa jurídica entre la Cancillería y la empresa extranjera

El 7 de agosto de 2022 juramentó como ministro de Relaciones Exteriores, en el gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro Fue suspendido por la  Procuraduría General el 24 de enero de 2024 y quedó en firme su salida del ministerio el 15 de mayo de 2024. ​

Leyva ha ocupado varias carteras en distintos gobiernos, siendo ministro de gobierno y de minas y energía; también ha sido congresista, concejal, y Constituyente en 1991. Desde la década de los 80, ha buscado salidas negociadas al  conflicto armado con las guerrillas.

La noticia de que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había aprobado extender el congelamiento del proceso de demanda que interpuso Thomas Greg contra la Cancillería por haber declarado desierta la licitación de elaboración de pasaportes en las que salieron elegibles, tasada en 559.000 millones de pesos.

La Unión Temporal Pasaportes 2023, operada por la compañía extranjera Thomas Greg and Sons, anunció por medio de un comunicado que desistirá de la demanda multimillonaria que tenía contra el Ministerio de Relaciones Experiores de Colombia, en relación con supuestas irregularidades en la licitación para la impresión y distribución de  pasaportes.

De acuerdo con un comunicado distribuido este miércoles, la entidad “ha decidido voluntariamente desistir de las pretensiones de la demanda para dar por terminado el conflicto que sostuvo con el Ministerio, el cual no se identifica con la visión corporativa de los miembros de la UT (Unión Temporal)”.

Frente a los motivos de la decisión, el documento indicó que “ante la declaratoria de desierta de la Licitación Pública 001 de 2023, asunto ampliamente comentado por la opinión pública, la UT Pasaportes 2023 interpuso una demanda cuya pretensión principal era que se le permitiera ejecutar el contrato objeto de dicha Licitación. Con el fin de garantizar la continuidad del servicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores contrató a la UT, para atender las actividades de fabricación y personalización de pasaportes. Teniendo en cuenta que los contratos se han venido ejecutando de manera satisfactoria, la Unión Temporal considera que su pretensión principal ha sido resarcida en un punto aceptable”.

La demanda de Thomas Greg and Sons

Como se recordará, el trasfondo del problema es un polémico proceso licitatorio de enero de 2024, para proveer los servicios de diseño e impresión de los pasaportes en Colombia. Diez empresas se presentaron como oferentes, y al final la elegida fue Thomas Greg and Sons, la cual lleva dos décadas seguidas ganando la licitación.

El entonces canciller  Álvaro Leyva  se negó a darle vía libre al contrato, a pesar de que ya se había adjudicado, y en consecuencia la Procuraduría lo suspendió del cargo por tres meses.

En su ausencia, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó el contrato a la firma ganadora, pero fue acusado de “traición” por parte del presidente Gustavo Petro y posteriormente despedido.

En ese punto era claro que, a pesar de haber ganado la licitación, el Gobierno no pretendía otorgársela a Thomas Greg. El recién nombrado canciller, Luis Gilberto Murillo, frenó la adjudicación del contrato en ese momento.

La situación produjo una crisis en el servicio de impresión de pasaportes, porque no estaba claro qué empresa debía hacerlo, y llovieron las críticas de la ciudadanía hacia el Gobierno.

La Unión Temporal Pasaportes 2023 instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que la admitió en abril del año pasado. En juego había $416.000 millones de pesos en los que estaba tasado el contrato.

Para aplacar la crisis, el Gobierno tuvo que recular y otorgarle una autorización temporal a la firma Thomas Greg para que continuara imprimiendo los pasaportes, mientras resolvía el problema de fondo de la licitación.

Esto produjo que la pretensión de la demanda mermara, rondando los $100.000 millones; sin embargo, la Cancillería terminó cediendo, por lo que la compañía retiró la demanda.

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