Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional 2023: Francia sigue estancada, culpa de la falta de ejemplaridad del poder ejecutivo y de la falta de independencia del poder judicial.
Cada año desde 1995, Transparencia Internacional publica el índice de Percepción de la Corrupción, que se ha convertido en el principal indicador global de corrupción en el sector público. El índice califica a 180 países y territorios de todo el mundo según su nivel de percepción de la corrupción en el sector público.
Para volver a la edición 2023 de este índice que pone de relieve la incapacidad general de los Estados para controlar la corrupción, debido al debilitamiento de sus sistemas judiciales, organizamos este seminario web, con la participación de:
- Patrick Lefas, presidente de Transparencia Internacional Francia
- Catherine Melet-Champrenault, administradora de Transparencia Internacional Francia y magistrada francesa, ex fiscal general del Tribunal de Apelación de París.
París, 2024
Como cada año, Transparencia Internacional publica su Índice de percepción de Corrupción , el ranking de 180 países y territorios que se ha convertido en el principal indicador de corrupción en el sector público a nivel global.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2023: CORRUPCIÓN NO CONTROLADA POR SISTEMAS JUDICIALES CADA VEZ MÁS DÉBILES publicado hoy por Transparencia Internacional muestra que, en la mayoría de los países, la lucha contra la corrupción en el sector público ha logrado poco o ningún progreso. A nivel mundial, el IPC promedio es 43 y se mantiene sin cambios. Por duodécimo año consecutivo, más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. Esto es una señal de graves problemas de corrupción.
El indicador del estado de derecho revela un deterioro general del funcionamiento de los sistemas judiciales. Los países que obtienen las puntuaciones más bajas en este indicador también obtienen puntuaciones muy bajas en el IPC. Esto pone de relieve un vínculo claro entre el acceso a la justicia y la corrupción. Al debilitar la justicia, los regímenes autoritarios y los líderes prodemocracia refuerzan la impunidad por los actos de corrupción. En algunos casos, incluso lo fomentan eliminando el castigo a los malhechores. El impacto de sus acciones es evidente en todo el mundo, desde Venezuela (13) hasta Tayikistán (20).
Francia, que ocupa el puesto 20 en esta edición de 2023, ha subido un puesto respecto a la edición anterior. Sin embargo, esta progresión debe ponerse en perspectiva en la medida en que su puntuación (71) es menos buena que la obtenida el año pasado (72). Francia sólo ha progresado gracias al debilitamiento de los demás países que encabezan la clasificación. Lo cual no sólo es poco halagador, sino sobre todo particularmente frustrante teniendo en cuenta las herramientas de las que dispone Francia desde hace diez años para prevenir, detectar y castigar la corrupción. Francia paga en particular por la falta de comportamiento ejemplar del poder ejecutivo, la ausencia de una política pública de lucha contra la corrupción, la falta de independencia del poder judicial y la debilidad de los recursos dedicados a la morosidad económica y financiera, consecuencia de reforma de la policía judicial.
A pesar de las reformas, Francia lleva 10 años estancada
Francia, que ocupa el puesto 20 entre 180 países y territorios, obtiene una puntuación de 71 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, la misma puntuación que en 2013. Aunque esta puntuación ha cambiado ligeramente durante esta década, oscilando entre 69 y 72/100, este estancamiento durante diez años castiga la comunicación gubernamental que no da prioridad a la política anticorrupción a pesar de una legislación y un aparato institucional que se encuentra entre los mejores a nivel europeo.
Se trata de una situación a la vez preocupante para el atractivo de Francia y paradójica: de hecho, en diez años Francia no parece haberse beneficiado del ascenso al poder de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), la Agencia Anticorrupción (AFA), la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), la Comisión Nacional de Cuentas de Campañas y Financiamiento Político (CNCCFP) o incluso una condición de denunciante entre las más ambiciosas del mundo. ¿Por qué?
La falta de ejemplaridad del poder ejecutivo
La llamada jurisprudencia Bérégovoy-Balladur, todavía vigente en 2017, obligó a los ministros investigados a dimitir. Esta norma podría parecer injusta, pero era clara, exigente y, en definitiva, respetuosa de la presunción de inocencia, al tiempo que protegía la ética de todo el equipo de gobierno. A la indiferencia del ejecutivo por dar ejemplo le siguió el desprecio. Los asuntos Griset, Dupont-Moretti y Dussopt demostraron a los franceses que era posible permanecer en el gobierno mientras se les acusaba. El nombramiento de Rachida Dati demostró que era posible ser nombrado ministro estando ya acusado. Este estrepitoso deterioro de la ética basta por sí solo para compensar los escasos avances realizados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, como la decisión de Francia de mantener el acceso del público en general al registro de beneficiarios reales de las empresas, a la espera de una redefinición de Legislación europea en este ámbito. Nuestros llamamientos para la creación de un responsable de ética gubernamental, responsable de asesorar y apoyar a los ministros para evitar que se encuentren en situaciones de conflictos de intereses, han quedado en letra muerta, mientras que la Asamblea Nacional, el Senado y las comunidades locales tienen todas sus responsabilidades éticas. autoridades. La prevención de conflictos de intereses al más alto nivel del Estado depende únicamente de las iniciativas individuales de los miembros del gobierno. Insuficiente.
La ausencia de políticas públicas para combatir la corrupción
Diez años después de la creación de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP), la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) o la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), Francia todavía no dispone de una política pública de lucha contra la corrupción. Las violaciones a la integridad aumentaron un 28% entre 2016 y 2021, según un reciente estudio estadistico del Ministerio del Interior y la Agencia Francesa Anticorrupción; los casos de corrupción de baja intensidad que afectan en particular a funcionarios públicos marcan la actualidad judicial, hasta el punto de que el nuevo director del IGPN se mostro recientemente preocupado por la aparición de consultas ilegales de expedientes en la policía; y el sector inmobiliario sigue siendo extremadamente vulnerable al blanqueo de dinero, como revela nuestro informe frente a un muro de operación que demuestra que se desconoce la identidad de los propietarios de dos tercios de los inmuebles-propiedad-de-empresas-en-Francia.
A pesar de nuestros llamamientos para el establecimiento de una política pública de lucha contra la corrupción liderada por el Primer Ministro, Francia lucha contra este fenómeno de forma dispersa: los servicios del Ministerio de Justicia, Bercy y el Quai d’Orsay parecen trabajar cada uno por su cuenta Las iniciativas interministeriales y de corredor son pocas, poco claras y demasiado efímeras, como el «grupo de trabajo» creado a raíz de la invasión rusa de Ucrania y responsable de identificar los activos de los oligarcas y aquellos cercanos a Putin bajo sanción.
Peor aún, a esta falta de voluntarismo político se suma el deseo de obstaculizar la acción de las asociaciones anticorrupción, ilustrado por la serie de no renovación de la aprobación de Anticor, en cuyo último episodio el gobierno rechazó implícitamente el El pasado 27 de diciembre, la nueva solicitud de aprobación presentada por la asociación, para gran consternación de todas las asociaciones anticorrupción aprobadas.
Independencia de la autoridad judicial: una asignatura pendiente
Si el Ministro de Justicia fue finalmente absuelto por el Tribunal de Justicia de la República, ni la justicia ni este tribunal excepcional suspendido salen reforzados de esta desastrosa secuencia.
La salida del «asunto Dupond-Moretti» exige retomar el trabajo de independencia judicial armonizando plenamente el estatuto de los fiscales con el de los magistrados, regulando estrictamente los poderes de nombramiento y el poder disciplinario del Guardián de los Sellos. Esta reforma que fracasó en 2013 y luego se perdió en 2018, debe volver a ponerse en marcha y hacerse realidad. Así lo afirmó el Presidente de la República en su discurso del pasado 4 de octubre ante el Consejo Constitucional con motivo del 65 aniversario de la Constitución de la Quinta República. Queda por pasar de las palabras a los-hechos.
Si bien las propuestas para abolir el Tribunal de Justicia de la República aparecen desde hace diez años en los programas de los candidatos presidenciales electos y en las propuestas de las asociaciones anticorrupción, es hora de actuar. Transparencia Internacional cree que las disputas relativas a los ministros en ejercicio deberían confiarse a un tribunal de derecho común, como el Tribunal de Apelación de París, con-el-filtro-de-una-comisión-de-solicitudes.
La reforma de la policía nacional iniciada por el ejecutivo constituye también un motivo de preocupación respecto de la independencia de la policía judicial y, por tanto, de la justicia. Es preocupante la creación de un mando único de todos los servicios policiales a nivel departamental bajo la autoridad del prefecto y la disolución de la actual policía judicial en un sector de investigación que agruparía a todas las OPJ, generalistas-y-especialistas.
Los sucesivos aumentos del presupuesto de Justicia en los últimos años no pueden tranquilizarnos. De hecho, todavía no sabemos cuáles son los posibles efectos beneficiosos sobre la justicia financiera. La Fiscalía Nacional Financiera, que celebró su décimo aniversario en 2023, cuenta con recursos inversamente proporcionales a las sumas en juego-en-los-casos-de-corrupción.
Por lo tanto, Francia, a pesar de su halagadora clasificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, no es inmune a los excesos antiliberales que afectan a muchos países con estructuras y culturas democráticas más frágiles. Sin embargo, nuestro país tiene muchos activos, herramientas y autoridades. Lo que le falta es quizás lo más importante: voluntad política.
¿Necesita información adicional?
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Clasifica 180 países y territorios de todo el mundo según las percepciones de corrupción del sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, firmas privadas de consultoría y gestión de riesgos, grupos de expertos y otras fuentes. Las puntuaciones otorgadas reflejan las opiniones de expertos y figuras-empresariales,-no-las-del-público.
El método de cálculo del IPC se revisa periódicamente para garantizar, en la medida de lo posible, su carácter sólido y coherente. Su revisión más reciente, realizada por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, data de 2017. Desde 2012, todas las puntuaciones del IPC son comparables de un año a otro. Para obtener más información sobre el Índice de Percepción de la Corrupción y su metodología, consulte el ABC del PC de Transparencia Internacional.